¿Estado de derecho o Estado de corrupción?

Escrito por: María Cano

Se dice que a partir del 18 de abril el pueblo nicaragüense despertó después de largos años de apatía, individualismo e indiferencia hacia la política. Antes de esta fecha era impensable escuchar a jóvenes de 16 años hablando sobre libertad de expresión y pidiendo la renuncia no solo del actual dictador (Daniel Ortega) sino de la eliminación de su partido en cualquier institución del estado, para construir un verdadero sistema democrático. Entre las demandas más sonadas una de ellas es hacer de Nicaragua nuevamente una república. Sin embargo, esto hace cuestionarme y cuestionarles a ustedes si en realidad Nicaragua alguna vez ha sido república.

 

Nuestra historia política ha sido atropellada, y quizás los únicos años que tuvimos de paz fueron los 30 años conservadores, sin embargo, durante esos años el estado nicaragüense no estaba modernizado y un ejemplo de ello era la marginalización hacia la mujer en sus capacidades como ciudadana. Es hasta la llegada de José Santos Zelaya en 1893 a la presidencia que comienzan haber cambios sustanciales en nuestro sistema político, implementando reformas educativas para disminuir el analfabetismo, reformas económicas, reconociendo los derechos de las mujeres, proclamando al estado nicaragüense como laico, protegiendo su soberanía, entre otros, sin embargo, también fue un período que estuvo acompañado de dictadura hasta 1909 cuando Estados Unidos bajo la Nota Knox exige su renuncia. Luego de eso tenemos la ocupación norteamericana donde los avances que se habían obtenido en materia de derechos fueron frustrados.

 

Posteriormente apareció el Somocismo, cuya esencia era la represión y amenaza a todo aquel que representara un peligro para su modelo de poder. Entonces nuevamente nos embarcamos en el mismo ciclo tóxico que ha caracterizado nuestra vida política: Dictadura – Guerra civil. Con la llegada del Frente Sandinista de Revolución Nacional (FSLN) se pensó que de verdad habría un cambio y que esta vez el sistema político estaría encaminado a construir sólidas instituciones democráticas; Hoy nos damos cuenta que el proyecto revolucionario fracasó y que nuestro inconstitucional presidente que decía proclamar los valores del comunismo no es más que otro fraude que dice trabajar por y para el pueblo pero que al final del día disfruta la vida de burgués.

 

La historia se repite. Hasta este punto se preguntarán ¿qué tiene que ver todo esto con el Estado de Derecho? Pues bien, el Estado de Derecho es el imperio de la ley, es una forma de asegurar que el Estado se encuentra normado o regulado y apegado al derecho, el cuál es fundamental para la preservación del orden. Sin una verdadera aplicación de éste, el estado se ve vulnerable y con mayores probabilidades de que el poder político invada aquellos ámbitos de libertad donde no tiene permitido inmiscuir, creándose así un imperio del hombre y no de la ley, donde el derecho pasa a segundo plano; el gobernante y sus afines deciden el cómo y a quién se le van a respetar sus libertades civiles y sus derechos políticos. Lo anterior ha sido exactamente lo que le ha ocurrido al Estado de Nicaragua, ni antes ni ahora hemos contado con instituciones democráticas que frenen los abusos de poder, y por esa razón los pocos avances que se han tenido no han sido suficientes para soportar la imposición de nuevas dictaduras.

 

Según la Constitución Política de Nicaragua, su artículo 27 dice textualmente: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”. Pero la realidad nos muestra algo diferente, y si antes no se estaba seguro de esto, la crisis actual debe ser más que suficiente para hacernos comprender que a todos y cada uno de los nicaragüenses, inclusive aquellos que están a favor del gobierno, se les están violando sus derechos.

 

Cada ciudadano nicaragüense es susceptible a sufrir en cualquier momento arbitrariedades y abuso del poder, sin tener la plena seguridad de que será protegido por la ley, porque en Nicaragua los poderes del estado (El poder legislativo, ejecutivo, electoral y judicial) son utilizados a conveniencia en función de un gobierno inconstitucional y no del bienestar común, del servicio a la comunidad que es la verdadera razón de ser de la política.

 

En nuestra constitución se habla del derecho a la vida, a la libertad individual, a la seguridad, a la libertad de expresión, se habla de nuestro derecho a organizarnos, de influir en la política, de proponer cambios, de exigir mejores líderes políticos, de pedir cuentas a nuestro gobierno para tener conocimiento de lo que se hace con nuestros impuestos, pero… ¿Cuántos no han muerto por pensar de forma diferente y expresar su inconformidad con este gobierno?

 

Si tuviésemos un verdadero Estado de Derecho no tendríamos que repetir el ciclo de tener una dictadura cada tantos años, pero el cambio no comienza con nuevos gobernantes depositando en ellos todas las responsabilidades de hacer de nuestro país el lugar que soñamos. El cambio comienza en nosotros, participando, protestando siempre que nuestros representantes políticos estén haciendo más allá de lo que sus facultades le permiten, promoviendo una cultura que nos lleve al desarrollo, eliminando ese mal hábito de esperar que otros hagan el trabajo que nos compete. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes y nuestro deber es hacer que en Nicaragua exista un verdadero Estado de Derecho. Quizás a las generaciones anteriores se les olvidó recordar esto, pero ahora no es una opción, es una obligación tenerlo presente.

Los costos sociales de no tener un Estado de Derecho son numerosos, y tomará años remediarlo; tan solo en materia de derechos humanos hemos retrocedido de forma desmedida, y se tendrá que hacer un sobreesfuerzo para recuperar el respeto de parte de las instituciones hacia el mismo; eso sin contar las marcas psicológicas que esta crisis ha dejado y dejará en cada uno de nosotros; vivimos regidos por un sistema de corrupción donde la supremacía de la ley es solo una utopía y la realidad son decenas de muertos como resultado de una lucha por revertir el efecto de los errores de generaciones pasadas. Desde mi perspectiva la paz siempre trae un precio invaluable como lo es la vida, cuando se cumple lo que Platón, un sabio filósofo dijo: aquel que se rehúsa a participar de la política, está condenado a ser gobernando por un hombre inferior a él.

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